Principios y objetivos de la resolución bancaria

Los procesos de resolución se basan en los siguientes principios:

• Los accionistas o socios, según corresponda, de las entidades serán los primeros en soportar pérdidas, seguidos de los acreedores. Los depósitos garantizados estarán plenamente protegidos.
• Los acreedores del mismo rango serán tratados de manera equivalente;
• Ningún accionista ni acreedor soportará pérdidas superiores a las que habría soportado en un procedimiento concursal;
• Los administradores y los directores generales o asimilados de la entidad serán sustituidos.

El régimen vigente de resolución persigue los siguientes objetivos:

1. Evitar efectos perjudiciales para la estabilidad del sistema financiero, previniendo el contagio de las dificultades de una entidad al conjunto del sistema.
2. Asegurar la continuidad de los servicios esenciales para la economía real o la estabilidad financiera.
3. Asegurar la utilización más eficiente de los recursos públicos, minimizando los apoyos financieros públicos, siendo los accionistas y acreedores, o en su caso la industria, quienes deben asumir las pérdidas.
   A tal fin, la Ley 11/2015 diseña tanto los mecanismos internos de absorción de pérdidas por los accionistas y acreedores de la entidad en resolución (el instrumento de recapitalización interna), como la constitución de un fondo de resolución nacional financiado por las contribuciones de las empresas de servicios de inversión que no contribuyen ya al FUR, así como las sucursales en España de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión establecidas en terceros países.
4. Proteger a los depositantes cuyos fondos están garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos y a los inversores cubiertos por el Fondo de Garantía de Inversiones.
5. Proteger los fondos reembolsables y demás activos de los clientes de las entidades.